El decreto de expulsión de los judíos fue firmado por los Reyes Católicos el 31 de marzo de 1492 en la Alhambra de Granada, culminando así un proceso creciente de persecución de judíos y conversos tanto en Aragón como en Castilla. La Inquisición convenció a los Reyes de que la única manera de evitar la herejía de los conversos era aislándolos completamente de los judíos que no habían renunciado a su fe. Y nada mejor para ello que la expulsión de estos.

En el decreto se ordenaba, a quienes no abrazaran el cristianismo, la salida inmediata del país en un plazo máximo de cuatro meses. Su incumplimiento se castigaría con la pena de muerte y la confiscación de todos los bienes.

Quienes optaran por el exilio sólo podrían llevarse aquellas propiedades que pudieran transformar en letras de cambio o en mercancías exportables. Esto benefició a bastantes personas, ya que los judíos se vieron obligados a malvender sus casas, sus propiedades y todo lo que tenían, pues no podían sacar del país ni oro, ni plata, ni dinero.

No se sabe con exactitud cuántos judíos había ni cuántos partieron al destierro. Cálculos estimativos los cifran en unos 220.000, la mitad de los cuales abandonó el país y el resto se convirtió al cristianismo bajo la vigilancia atenta de la Inquisición. Una parte de los que abandonan el país, tras las dificultades encontradas, regresa de nuevo y se somete al Decreto. A finales del siglo XV la población de la península ibérica era de unos 7 millones.

Quienes persistieron en su fe, emprendieron la marcha por diferentes vías. Unos los hicieron por tierra hacia Navarra, Francia o Portugal, de donde serían también expulsados en 1497. Otros embarcaron en los puertos del Cantábrico (Laredo, principalmente), del Mediterráneo (Cartagena), o del Atlántico (Cádiz, Sanlúcar, Puerto de Santa María).

Para unos, el destino final sería el actual Marruecos, Italia o el Imperio Turco. Otros acabaron en Amberes o Ámsterdam. Este éxodo dio lugar a las comunidades sefardíes.