En el 1478, el papa Sixto IV concedió a los Reyes Católicos
autorización para establecer la Inquisición en Castilla. En 1483 se
implanta en Aragón. Se trataba de un tribunal eclesiástico mediante el cual
franciscanos y dominicos pretendieron el control de la vida de los conversos. Conocido como el Santo Oficio, con el
tiempo se ocupó también de los judíos, moriscos, luteranos y de asuntos como la bigamia o el incumplimiento del celibato. Ejerció, a la vez, un gran control para
evitar la difusión de las ideas modernas en España, elaborando sucesivos
índices de libros prohibidos.
La Inquisición funcionó conforme a un código de derecho, las llamadas
Instrucciones, elaboradas por inquisidores como Tomás de Torquemada,
Diego de Deza y Fernando Valdés Salas.
Como resultado del proceso inquisitorial al acusado se le hacía
participar en una ceremonia pública denominada "auto de fe" donde podía ser absuelto, condenado a galeras, obligado a portar "sambenito" o a morir en la hoguera.
Sobre el total de los aproximadamente 50.000 procesados en el período
que va de 1560 a 1700, de los que hay registro, fueron juzgados como judaizantes
(5.007); moriscos (11.311); luteranos (3.499); alumbrados (149); supersticiosos (3.750); herejes (14.319); bígamos
(2.790); solicitadores
(1.241); ofensores al Santo Oficio (3.954); varios (2.575).
Algunos historiadores señalan que la Inquisición debería ser entendida
como un reflejo de intereses sociales, políticos y económicos más que
religiosos. El problema habría sido causado por la nobleza y el clero
que, para defender sus privilegios, alentaron al pueblo llano contra los
judíos, algunos de los cuales desempeñaban papeles influyentes.
La Inquisición desarrolló su actividad durante 356 años, siendo
disuelta definitivamente en el año 1834, al inicio de la regencia de
María Cristina (minoría de edad de Isabel II).